¿Se
aplicará el protocolo?
Los
países industrializados acordaron en la
ciudad japonesa de Kioto reducir en un 5,2 % las
emisiones contaminantes entre los años
2008 y 2012 respecto a los niveles registrados
en 1990. El compromiso se adopto el 11 de diciembre
de 1997, pero no se podía poner en marcha
hasta que lo ratificara un número responsable
de al menos del 55 % de las emisiones de CO2 en
el mundo.
Finalmente Rusia apoya el acuerdo, con lo que
se sumará a los 121 estados que ya lo han
hecho. El nivel de contaminación de todos
ellos se situarán el 61,6 %. Y ello, pese
a la oposición de Estados Unidos, responsable
del 36,1 % de las emisiones de CO2 producidas
en 1990, año de referencia utilizado en
el protocolo para establecer la emisión
de gases.
¿Qué
impacto tendrá en España?
El
compromiso de nuestro país es sólo
aumentar las emisiones de CO2 como máximo
un 15 % hasta 2012, respecto al nivel de 1990.
Sin embargo, la lenta adaptación de las
empresas y el fuerte crecimiento económico
han impulsado la contaminación. El coste
será elevado. Solo la compra de “derechos
de emisión” por superar el límite
de contaminación autorizado supondrá,
según la consultora que ha hecho el estudio,
Price Waterhouse Coopers, un coste de 2400 millones
de euros al año. El gobierno español
y, en concreto la ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, ha estimado en 85 millones de
euros anuales el coste del Protocolo para España
entre 2005 y 2007.
Cifras hay para todos los gustos: el sindicato
Comisiones Obreras, por ejemplo, considera que
España deberá comprar cada año,
durante todo el periodo 2008-2012, derechos por
valor de 113 millones de toneladas de CO2 que
podrían costar entre 825 millones de euros,
a un precio de 11 euros por tonelada, y 2400 millones
de euros, a 32 euros por tonelada.
¿Qué
son los derechos de emisión?
Los
países ligados a Kioto disponen de un Plan
Nacional de Asignación de Derechos de Emisión
(PNA) que establece el nivel máximo de
la contaminación de cada sector. Las compañías
que superen el límite se verán obligadas
a comprar “derechos de emisión”
a otras empresas que contaminen menos de lo estipulado
en el protocolo. Eso supondrá un coste
económico para las empresas con mayor nivel
de emisiones, que podrán negociar la compra
de derechos en una Bolsa especial a partir del
1 de enero de 2005.
¿Los
sectores más afectados?
El
esfuerzo se concentrará en actividades
que representan tan solo el 45 % de las emisiones
en España, es decir, en las empresas eléctricas,
cementeras, papeleras, siderúrgica, refinerías
o azulejeras.
Entre estos sectores, la producción de
cemento la industria química y siderúrgica
supusieron mas del 7 % de las emisiones de dióxido
de carbono en España durante 2002, con
un aumento del 24 % respecto a 1990, año
de referencia en el Protocolo.
Respecto al coste de adaptación para la
industria eléctrica, hay disparidad de
criterios: mientras Endesa cree que seguir el
plan de Iberdrola supondría un coste de
1200 millones de euros al año para el sector,
Iberdrola estima que hacer lo propio con el de
Endesa tendría un impacto de 9500 millones
de euros entre 2005 y 2010.
¿Y
los excluídos?
El
transporte, que acaparó el 24 % de la contaminación
por CO2 en 2002, un 60 % mas que en 1990 no ha
sido incluido en la directiva europea, dado que
se considera más complicada su adaptación
a las exigencias. Lo mismo sucede con la agricultura
y la ganadería, responsables del 11 % de
las emisiones de CO2 en España durante
2002. Pese a ello, el Gobierno español
se ha comprometido a reducir el nivel de contaminación
de estos sectores.
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