Pero ello no ha borrado el hecho que la prisión es ante todo, y a pesar de lo que puedan afirmar los políticos, un lugar de represión, que aparta de la sociedad a las personas que, de manera accidental o habitual han delinquido.

Se desea hacer creer que la Institución Penitenciaria tiene como razón primordial la “recuperación” de la persona que no ha respetado la regla del juego social.
A los ojos de la sociedad, o mejor dicho, a los de la opinión pública, lo que es distinto, el papel primordial de la Administración Penitenciaria puede resumirse por el intento de reintegración del interno en el seno social, tal y como encomienda la Constitución Española.
La verdad es que la primera meta de esta Institución es apartar y castigar al delincuente, sin preocuparse – excepto raras excepciones – del futuro de las personas que han sido confinadas.

La Legislación Penitenciaria española, tal y como está redactada, es muy buena, probablemente una de las mejores de la Comunidad Europea, en cuanto a su concepto rehabilitador. No obstante, la puesta en práctica de las directivas legales se ve mermada por la falta de medios humanos y económicos que impiden su aplicación.

A título de ejemplo basta mencionar la falta de personal técnico, que deberían, en principio, realizar el seguimiento y preparar programas personalizados de ayuda al interno. Generalmente, en todas las prisiones españolas, un educador tiene a cargo entre 200 y 300 internos. Ídem para los trabajadores sociales, juristas, psicólogos y maestros de escuela.
Si añadimos a estos problemas la desmotivación de algunos profesionales en la realización de su labor, llegamos a un punto en el cual la reinserción del recluso se ve prácticamente reducida a su más simple expresión.
Esta falta de personal, de medios económicos y el modo con el cual ciertas personas comprenden su trabajo impide materialmente el seguimiento del recluso y en consecuencia el estudio de su evolución o involución